Periódico ecuménico cubano - Miami, Florida, octubre de
2005
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Sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta
de los católicos en la vida política
Congregación Para La Doctrina De La Fe
La Congregación para la Doctrina de la Fe, oído el parecer del
Pontificio Consejo para los Laicos, ha estimado oportuno
publicar la presente
Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al
compromiso y la conducta de los católicos en la vida política.
La Nota se dirige a los Obispos de la Iglesia Católica y, de
especial modo, a los políticos católicos y a todos los fieles
laicos llamados a la participación en la vida pública y política
en las sociedades democráticas.
I. Una enseñanza constante
1. El compromiso del cristiano en el mundo, en dos mil años de
historia, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha
sido el de la participación en la acción política: Los
cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros
siglos, «cumplen todos sus deberes de ciudadanos».[1]
La Iglesia venera entre sus Santos a numerosos hombres y mujeres
que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las
actividades políticas y de gobierno. Entre ellos, Santo Tomás
Moro, proclamado Patrón de los Gobernantes y Políticos, que supo
testimoniar hasta el martirio la «inalienable dignidad de la
conciencia»[2].
Aunque sometido a diversas formas de presión psicológica,
rechazó toda componenda, y sin abandonar «la constante fidelidad
a la autoridad y a las instituciones»que lo distinguía, afirmó
con su vida y su muerte que«el hombre no se puede separar de
Dios, ni la política de la moral»[3].
Las actuales sociedades democráticas, en las que loablemente[4]
todos son hechos partícipes de la gestión de la cosa pública en
un clima de verdadera libertad, exigen nuevas y más amplias
formas de participación en la vida pública por parte de los
ciudadanos, cristianos y no cristianos. En efecto, todos pueden
contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores
y gobernantes y, a través de varios modos, a la formación de las
orientaciones políticas y las opciones legislativas que, según
ellos, favorecen mayormente el bien común.[5]
La vida en un sistema político democrático no podría
desarrollarse provechosamente sin la activa, responsable y
generosa participación de todos, «si bien con diversidad y
complementariedad de formas, niveles, tareas yresponsabilidades»[6].
Mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes, «de
acuerdo con su conciencia cristiana»,[7]
en conformidad con los valores que son congruentes con ella, los
fieles laicos desarrollan también sus tareas propias de animar
cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y
legítima autonomía,[8]
y cooperando con los demás, ciudadanos según la competencia
específica y bajo la propia responsabilidad.[9]
Consecuencia de esta fundamental enseñanza del Concilio Vaticano
II es que «los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de
la participación en la “política”; es decir, en la
multiforme y variada acción económica, social, legislativa,
administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e
institucionalmente el bien común»,[10]
que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el
orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de
la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etc.
La presente Nota no pretende reproponer la entera
enseñanza de la Iglesia en esta materia, resumida por otra
parte, en sus líneas esenciales, en el Catecismo de la
Iglesia Católica, sino solamente recordar algunos principios
propios de la conciencia cristiana, que inspiran el compromiso
social y político de los católicos en las sociedades
democráticas.[11]
Y ello porque, en estos últimos tiempos, a menudo por la
urgencia de los acontecimientos, han aparecido orientaciones
ambiguas y posiciones discutibles, que hacen oportuna la
clarificación de aspectos y dimensiones importantes de la
cuestión.
II. Algunos puntos críticos en el actual debate cultural y
político
2. La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo
proceso cultural que marca el fin de una época y la
incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte. Las grandes
conquistas de las que somos espectadores nos impulsan a
comprobar el camino positivo que la humanidad ha realizado en el
progreso y la adquisición de condiciones de vida más humanas. La
mayor responsabilidad hacia Países en vías de desarrollo es
ciertamente una señal de gran relieve, que muestra la creciente
sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no es posible
callar, por otra parte, sobre los graves peligros hacia los que
algunas tendencias culturales tratan de orientar las
legislaciones y, por consiguiente, los comportamientos de las
futuras generaciones.
Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se
hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético,
que determina la decadencia y disolución de la razón y los
principios de la ley moral natural. Desafortunadamente, como
consecuencia de esta tendencia, no es extraño hallar en
declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal
pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia[12].
Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más
completa autonomía para sus propias preferencias morales,
mientras que, por otra parte, los legisladores creen que
respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los
principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia
con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias,[13]
como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran
igual valor. Al mismo tiempo, invocando engañosamente la
tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos –
incluidos los católicos – que renuncien a contribuir a la vida
social y política de sus propios Países, según la concepción de
la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera
y justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico
democrático pone a disposición de todos los miembros de la
comunidad política. La historia del siglo XX es prueba
suficiente de que la razón está de la parte de aquellos
ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la
cual no existe una norma moral, arraigada en la naturaleza misma
del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda
concepción del hombre, del bien común y del Estado.
3. Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que
ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de
elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la
ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se
conforma mejor a las exigencias del bien común. La libertad
política no está ni puede estar basada en la idea relativista
según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre
son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el
hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso
hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien
humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico,
tecnológico y cultural bien determinado. La pluralidad de las
orientaciones y soluciones, que deben ser en todo caso
moralmente aceptables, surge precisamente de la concreción de
los hechos particulares y de la diversidad de las
circunstancias. No es tarea de la Iglesia formular soluciones
concretas – y menos todavía soluciones únicas – para cuestiones
temporales, que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de
cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de
pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo
exija la fe o la ley moral.[14]
Si el cristiano debe «reconocer la legítima pluralidad de
opiniones temporales»,[15]
también está llamado a disentir de una concepción del pluralismo
en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida
democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos
y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza
y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”.
En el plano de la militancia política concreta, es importante
hacer notar que el carácter contingente de algunas opciones en
materia social, el hecho de que a menudo sean moralmente
posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un
mismo valor sustancial de fondo, la posibilidad de interpretar
de manera diferente algunos principios básicos de la teoría
política, y la complejidad técnica de buena parte de los
problemas políticos, explican el hecho de que generalmente pueda
darse una pluralidad de partidos en los cuales puedan militar
los católicos para ejercitar – particularmente por la
representación parlamentaria – su derecho-deber de participar en
la construcción de la vida civil de su País.[16]
Esta obvia constatación no puede ser confundida, sin embargo,
con un indistinto pluralismo en la elección de los principios
morales y los valores sustanciales a los cuales se hace
referencia. La legítima pluralidad de opciones temporales
mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de
los católicos en la política, que hace referencia directa a la
doctrina moral y social cristiana. Sobre esta enseñanza los
laicos católicos están obligados a confrontarse siempre para
tener la certeza de que la propia participación en la vida
política esté caracterizada por una coherente responsabilidad
hacia las realidades temporales.
La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque
sin duda expresa mejor la participación directa de los
ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la
medida en que se funda sobre una recta concepción de la
persona.[17]
Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden
admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el
testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y
coherencia interior de los mismos fieles. La estructura
democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse
sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la
centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo
demás, lo que hace posible la participación democrática. Como
enseña el Concilio Vaticano II, la tutela «de los derechos de la
persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como
individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar
activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública»[18].
4. A partir de aquí se extiende la compleja red de problemáticas
actuales, que no pueden compararse con las temáticas tratadas en
siglos pasados. La conquista científica, en efecto, ha permitido
alcanzar objetivos que sacuden la conciencia e imponen la
necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar, de manera
coherente y sólida, los principios éticos. Se asiste, en cambio,
a tentativos legislativos que, sin preocuparse de las
consecuencias que se derivan para la existencia y el futuro de
los pueblos en la formación de la cultura y los comportamientos
sociales, se proponen destruir el principio de la intangibilidad
de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia,
tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el
sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos
tienen ante ella. Juan Pablo II, en línea con la enseñanza
constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes
se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la
«precisa obligación de oponerse» a toda ley que atente contra la
vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la
imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de
semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido
apoyarlas con el propio voto.[19]
Esto no impide, como enseña Juan Pablo II en la Encíclica
Evangelium vitae
a propósito del caso en que no fuera posible evitar o abrogar
completamente una ley abortista en vigor o que está por ser
sometida a votación, que «un parlamentario, cuya absoluta
oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, pueda
lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar
los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el
ámbito de la cultura y de la moralidad pública».[20]
En tal contexto, hay que añadir que la conciencia cristiana bien
formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la
realización de un programa político o la aprobación de una ley
particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a
los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las
verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico
el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la
totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a
favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia
no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del
bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar
en otros el compromiso cristiano que proviene del evangelio de
Jesucristo, para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda
ser anunciada y realizada.
Cuando la acción política tiene que ver con principios morales
que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es
cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado
de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas
fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes
deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que
concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las
leyes civiles en materia de aborto y eutanasia
(que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento
terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar
el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su
término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de
respetar y proteger los derechos del embrión humano.
Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de
la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre
personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad,
frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no
pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de
convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales,
reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en
la educación de sus hijos es un derecho inalienable,
reconocido además en las Declaraciones internacionales de los
derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela
social de los menores y en la liberación de las víctimas de
las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo,
en la droga y la explotación de la prostitución). No puede
quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad
religiosa y el desarrollo de una economía que esté al
servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la
justicia social, del principio de solidaridad humana y de
subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados
y promovidos «los derechos de las personas, de las familias y de
las asociaciones, así como su ejercicio».[21]
Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el
gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica
tiende a veces a secularizar el valor de la paz mientras, en
otros casos, se cede a un juicio ético sumario, olvidando la
complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre «obra
de la justicia y efecto de la caridad»;[22]
exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el
terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por
parte de los que tienen la responsabilidad política.
III. Principios de la doctrina católica acerca del laicismo y
el pluralismo
5. Ante estas problemáticas, si bien es lícito pensar en la
utilización de una pluralidad de metodologías que reflejen
sensibilidades y culturas diferentes, ningún fiel puede, sin
embargo, apelar al principio del pluralismo y autonomía de los
laicos en política, para favorecer soluciones que comprometan o
menoscaben la salvaguardia de las exigencias éticas
fundamentales para el bien común de la sociedad. No se trata en
sí de “valores confesionales”, pues tales exigencias éticas
están radicadas en el ser humano y pertenecen a la ley moral
natural. Éstas no exigen de suyo en quien las defiende una
profesión de fe cristiana, si bien la doctrina de la Iglesia las
confirma y tutela siempre y en todas partes, como servicio
desinteresado a la verdad sobre el hombre y el bien común de la
sociedad civil. Por lo demás, no se puede negar que la política
debe hacer también referencia a principios dotados de valor
absoluto, precisamente porque están al servicio de la dignidad
de la persona y del verdadero progreso humano.
6. La frecuentemente referencia a la “laicidad”, que
debería guiar el compromiso de los católicos, requiere una
clarificación no solamente terminológica. La promoción en
conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada
qué ver con la “confesionalidad” o la intolerancia religiosa.
Para la doctrina moral católica, la laicidad, entendida como
autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y
eclesiástica – nunca de la esfera moral –, es un valor
adquirido y reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio
de civilización alcanzado.[23]
Juan Pablo II ha puesto varias veces en guardia contra los
peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la
esfera religiosa y la esfera política. «Son particularmente
delicadas las situaciones en las que una norma específicamente
religiosa se convierte o tiende a convertirse en ley del Estado,
sin que se tenga en debida cuenta la distinción entre las
competencias de la religión y las de la sociedad política.
Identificar la ley religiosa con la civil puede, de hecho,
sofocar la libertad religiosa e incluso limitar o negar otros
derechos humanos inalienables».[24]
Todos los fieles son bien conscientes de que los actos
específicamente religiosos (profesión de fe, cumplimiento de
actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación
recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, etc.)
quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe
entrometerse ni para exigirlos o para impedirlos, salvo por
razones de orden público. El reconocimiento de los derechos
civiles y políticos, y la administración de servicios públicos
no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de
naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos.
Una cuestión completamente diferente es el derecho-deber que
tienen los ciudadanos católicos, como todos los demás, de buscar
sinceramente la verdad y promover y defender, con medios
lícitos, las verdades morales sobre la vida social, la justicia,
la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de
la persona. El hecho de que algunas de estas verdades también
sean enseñadas por la Iglesia, no disminuye la legitimidad civil
y la “laicidad” del compromiso de quienes se identifican con
ellas, independientemente del papel que la búsqueda racional y
la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado en la
adquisición de tales convicciones. En efecto, la “laicidad”
indica en primer lugar la actitud de quien respeta las verdades
que emanan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en
sociedad, aunque tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo
por una religión específica, pues la verdad es una. Sería un
error confundir la justa autonomía que los católicos
deben asumir en política, con la reivindicación de un principio
que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia.
Con su intervención en este ámbito, el Magisterio de la Iglesia
no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de
opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca,
en cambio –en cumplimiento de su deber– instruir e iluminar la
conciencia de los fieles, sobre todo de los que están
comprometidos en la vida política, para que su acción esté
siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del
bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una
intromisión en el gobierno de los diferentes Países. Plantea
ciertamente, en la conciencia única y unitaria de los fieles
laicos, un deber moral de coherencia. «En su existencia no puede
haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida
“espiritual”, con sus valores y exigencias; y por otra, la
denominada vida “secular”, esto es, la vida de familia, del
trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y
de la cultura. El sarmiento, arraigado en la vid que es Cristo,
da fruto en cada sector de la acción y de la existencia. En
efecto, todos los campos de la vida laical entran en el designio
de Dios, que los quiere como el “lugar histórico” de la
manifestación y realización de la caridad de Jesucristo para
gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad,
situación, esfuerzo concreto –como por ejemplo la competencia
profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega
a la familia y a la educación de los hijos, el servicio social y
político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura–
constituye una ocasión providencial para un “continuo ejercicio
de la fe, de la esperanza y de la caridad”».[25]
Vivir y actuar políticamente en conformidad con la propia
conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas al
compromiso político o en una forma de confesionalidad, sino
expresión de la aportación de los cristianos para que, a través
de la política, se instaure un ordenamiento social más justo y
coherente con la dignidad de la persona humana.
En las sociedades democráticas todas las propuestas son
discutidas y examinadas libremente. Aquellos que, en nombre del
respeto de la conciencia individual, pretendieran ver en el
deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia
conciencia un motivo para descalificarlos políticamente,
negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con
las propias convicciones acerca del bien común, incurrirían en
una forma de laicismo intolerante. En esta perspectiva,
en efecto, se quiere negar no sólo la relevancia política y
cultural de la fe cristiana, sino hasta la misma posibilidad de
una ética natural. Si así fuera, se abriría el camino a una
anarquía moral, que no podría identificarse nunca con forma
alguna de legítimo pluralismo. El abuso del más fuerte sobre el
débil sería la consecuencia obvia de esta actitud. La
marginalización del Cristianismo, por otra parte, no favorecería
ciertamente el futuro de proyecto alguno de sociedad ni la
concordia entre los pueblos, sino que pondría más bien en
peligro los mismos fundamentos espirituales y culturales de la
civilización.[26]
IV. Consideraciones sobre aspectos particulares
7. En circunstancias recientes ha ocurrido que, incluso en el
seno de algunas asociaciones u organizaciones de inspiración
católica, han surgido orientaciones de apoyo a fuerzas y
movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a
la enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas
fundamentales. Tales opciones y posiciones, siendo
contradictorios con los principios básicos de la conciencia
cristiana, son incompatibles con la pertenencia a asociaciones u
organizaciones que se definen católicas. Análogamente, hay que
hacer notar que en ciertos países algunas revistas y periódicos
católicos, en ocasión de toma de decisiones políticas, han
orientado a los lectores de manera ambigua e incoherente,
induciendo a error acerca del sentido de la autonomía de los
católicos en política y sin tener en consideración los
principios a los que se ha hecho referencia.
La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo «camino,
verdad y vida» (Jn 14,6), exige a los cristianos el esfuerzo de
entregarse con mayor diligencia en la construcción de una
cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio
de valores y contenidos de la Tradición católica. La necesidad
de presentar en términos culturales modernos el fruto de la
herencia espiritual, intelectual y moral del catolicismo se
presenta hoy con urgencia impostergable, para evitar además,
entre otras cosas, una diáspora cultural de los católicos. Por
otra parte, el espesor cultural alcanzado y la madura
experiencia de compromiso político que los católicos han sabido
desarrollar en distintos países, especialmente en los decenios
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no deben provocar
complejo alguno de inferioridad frente a otras propuestas que la
historia reciente ha demostrado débiles o radicalmente fallidas.
Es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social de
los católicos se deba limitar a una simple transformación de las
estructuras, pues si en la base no hay una cultura capaz de
acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan de la
fe y la moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre
fundamentos frágiles.
La fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos
socio-políticos en un esquema rígido, conciente de que la
dimensión histórica en la que el hombre vive impone verificar la
presencia de situaciones imperfectas y a menudo rápidamente
mutables. Bajo este aspecto deben ser rechazadas las posiciones
políticas y los comportamientos que se inspiran en una visión
utópica, la cual, cambiando la tradición de la fe bíblica en una
especie de profetismo sin Dios, instrumentaliza el mensaje
religioso, dirigiendo la conciencia hacia una esperanza
solamente terrena, que anula o redimensiona la tensión cristiana
hacia la vida eterna.
Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que la auténtica libertad no
existe sin la verdad. «Verdad y libertad, o bien van juntas o
juntas perecen miserablemente», ha escrito Juan Pablo II.[27]
En una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad ni
se la trata de alcanzar, se debilita toda forma de ejercicio
auténtico de la libertad, abriendo el camino al libertinaje y al
individualismo, perjudiciales para la tutela del bien de la
persona y de la entera sociedad.
8. En tal sentido, es bueno recordar una verdad que hoy la
opinión pública corriente no siempre percibe o formula con
exactitud: El derecho a la libertad de conciencia, y en especial
a la libertad religiosa, proclamada por la Declaración
Dignitatis humanæ
del Concilio Vaticano II, se basa en la dignidad ontológica de
la persona humana, y de ningún modo en una inexistente igualdad
entre las religiones y los sistemas culturales.[28]
En esta línea, el Papa Pablo VI ha afirmado que «el Concilio de
ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el
supuesto hecho de que todas las religiones y todas las
doctrinas, incluso erróneas, tendrían un valor más o menos
igual; lo funda en cambio sobre la dignidad de la persona
humana, la cual exige no ser sometida a contradicciones
externas, que tienden a oprimir la conciencia en la búsqueda de
la verdadera religión y en la adhesión a ella».[29]
La afirmación de la libertad de conciencia y de la libertad
religiosa, por lo tanto, no contradice en nada la condena del
indiferentísimo y del relativismo religioso por parte de la
doctrina católica,[30]
sino que le es plenamente coherente.
V. Conclusión
9. Las orientaciones contenidas en la presente Nota
quieren iluminar uno de los aspectos más importantes de la
unidad de vida que caracteriza al cristiano: La coherencia entre
fe y vida, entre evangelio y cultura, recordada por el Concilio
Vaticano II. Éste exhorta a los fieles a «cumplir con fidelidad
sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu
evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no
tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura,
consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse
cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más
perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal
de cada uno». Alégrense los fieles cristianos«de poder ejercer
todas sus actividades temporales haciendo una síntesis vital del
esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico,
con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo
coopera a la gloria de Dios».[31]
El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia del 21 de
noviembre de 2002, ha aprobado la presente Nota, decidida en la
Sesión Ordinaria de esta Congregación, y ha ordenado que sea
publicada.
Dado en Roma, en la sede de la Congregación por la Doctrina de
la Fe, el 24 de noviembre de 2002, Solemnidad de N. S Jesús
Cristo, Rey del universo.
XJOSEPH
CARD. RATZINGER
Prefecto
XTARCISIO
BERTONE, S.D.B.
Arzobispo emérito de Vercelli
Secretario
______________
Notas
[1]CARTA
A DIOGNETO, 5, 5, Cfr. Ver también Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 2240.
[2]JUAN
PABLO II, Carta Encíclica Motu Proprio dada para la
proclamación de Santo Tomás Moro Patrón de los Gobernantes y
Políticos, n. 1, AAS 93 (2001) 76-80.
[3]JUAN
PABLO II, Carta Encíclica Motu Proprio dada para la
proclamación de Santo Tomás Moro Patrón de los Gobernantes y
Políticos, n. 4.
[4]Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes,
n 31; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1915.
[5]Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes,
n 75.
[6]JUAN
PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n.
42, AAS 81 (1989) 393-521. Esta nota doctrinal se refiere
obviamente al compromiso político de los fieles laicos. Los
Pastores tienen el derecho y el deber de proponer los principios
morales también en el orden social; «sin embargo, la
participación activa en los partidos políticos está reservada a
los laicos» (JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica
Christifideles laici, n. 69). Cfr. Ver también CONGREGACIÓN
PARA EL CLERO, Directorio para el ministerio y la vida de los
presbíteros, 31-I-1994, n. 33.
[7]CONCILIO
VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 76.
[8]Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes,
n 36.
[9]Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem,
7; Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 36 y
Constitución Pastoral Gaudium et spes, nn. 31 y 43.
[10]JUAN
PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n.
42.
[11]En
los últimos dos siglos, muchas veces el Magisterio Pontificio se
ha ocupado de las cuestiones principales acerca del orden social
y político. Cfr. LEÓN XIII, Carta Encíclica Diuturnum illud,
ASS 20 (1881/82) 4ss; Carta Encíclica Immortale Dei, ASS
18 (1885/86) 162ss, Carta Encíclica Libertas præstantissimum,
ASS 20 (1887/88) 593ss; Carta Encíclica Rerum novarum,
ASS 23 (1890/91) 643ss; BENEDICTO XV, Carta Encíclica Pacem
Dei munus pulcherrimum, AAS 12 (1920) 209ss; PÍO XI, Carta
Encíclica Quadragesimo anno, AAS 23 (1931) 190ss;
Carta Encíclica Mit brennender Sorge, AAS 29 (1937)
145-167; Carta Encíclica Divini Redemptoris, AAS 29
(1937) 78ss; PÍO XII, Carta Encíclica Summi Pontificatus,
AAS 31 (1939) 423ss; Radiomessaggi natalizi 1941-1944;
JUAN XXIII, Carta Encíclica Mater et magistra, AAS 53
(1961) 401-464; Carta Encíclica Pacem in terris AAS 55
(1963) 257-304; PABLO VI, Carta Encíclica Populorum
progressio, AAS 59 (1967) 257-299; Carta Apostólica
Octogesima adveniens, AAS 63 (1971) 401-441.
[12]Cfr.
JUAN PABLO II, Carta Encíclica Centesimus annus, n. 46,
AAS 83 (1991) 793-867; Carta Encíclica Veritatis splendor,
n. 101, AAS 85 (1993) 1133-1228; Discurso al Parlamento
Italiano en sesión pública conjunta, en L’Osservatore
Romano, n. 5, 14-XI-2002.
[13]Cfr.
JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 22,
AAS 87 (1995) 401-522.
[14]Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes,
n 76.
[15]CONCILIO
VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[16]Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes,
nn. 43 y 75.
[17]Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes,
n 25.
[18]CONCILIO
VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 73.
[19]Cfr.
JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 73.
[20]JUAN
PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 73.
[21]CONCILIO
VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[22]Catecismo
de la Iglesia Católica,
n. 2304
[23]Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes,
n 76.
[24]JUAN
PABLO II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial
de la Paz 1991: “Si quieres la paz, respeta la conciencia de
cada hombre”, IV, AAS 83 (1991) 410-421.
[25]JUAN
PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n.
59. La citación interna proviene del Concilio Vaticano II,
Decreto Apostolicam actuositatem, n. 4
[26]Cfr.
JUAN PABLO II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante
la Santa Sede, en L’Osservatore Romano, 11 de enero
de 2002.
[27]JUAN
PABLO II, Carta Encíclica Fides et ratio, n. 90, AAS 91
(1999) 5-88.
[28]Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n.
1: «En primer lugar, profesa el sagrado Concilio que Dios
manifestó al género humano el camino por el que, sirviéndole,
pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que
esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia
Católica». Eso no quita que la Iglesia considere con sincero
respeto las varias tradiciones religiosas, más bien reconoce
«todo lo bueno y verdadero» presentes en ellas. Cfr. CONCILIO
VATICANO II,Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 16;
Decreto Ad gentes, n. 11; Declaración Nostra
ætate, n. 2; JUAN PABLOII, Carta
Encíclica Redemptoris missio, n. 55, AAS 83 (1991)
249-340; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, DeclaraciónDominus
Iesus, nn. 2; 8; 21, AAS 92 (2000) 742-765.
[29]PABLO
VI, Discurso al Sacro Colegio y a la Prelatura Romana, en
«Insegnamenti di Paolo VI» 14 (1976), 1088-1089).
[30]Cfr.
PÍO IX, Carta Encíclica Quanta cura, ASS 3 (1867) 162;
LEÓN XIII, Carta Encíclica Immortale Dei, ASS 18 (1885)
170-171; PÍO XI, Carta Encíclica Quas primas, AAS 17
(1925) 604-605; Catecismo de la Iglesia Católica, n.
2108; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración
Dominus Iesus, n. 22.
[31]CONCILIO
VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 43.
Cfr. también JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica
Christifideles laici, n. 59 |
