Informe anual 2004 sobre libertad religiosa en Cuba

Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos

A continuación una traducción de la sección sobre Cuba del Informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional en 2004, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos:

Informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional en Cuba en 2004 Publicado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Departamento de Estado de Estados Unidos

Cuba:

La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de profesar y practicar cualquier credo religioso dentro del marco del respeto a la ley. Sin embargo, en la ley y en la práctica el gobierno pone restricciones a la libertad de religión.

Durante el período que abarca este informe, no hubo cambio alguno del estado de respeto hacia la libertad religiosa. La situación general de los derechos humanos siguió siendo pésima a raíz del encarcelamiento en 2003 por parte del gobierno de 75 activistas de derechos humanos y periodistas independientes, las medidas de castigo más severas en más de dos décadas. Por lo general, los grupos religiosos que no están inscritos siguieron experimentando la interferencia, el hostigamiento y la represión oficiales en grados diversos. Algunos grupos religiosos no inscritos no sólo fueron objeto de la censura oficial, sino también enfrentaron presiones de los grupos religiosos inscritos. Sigue sin cambios la política del gobierno cubano de permitir que las actividades religiosas apolíticas tengan lugar en lugares autorizados por el gobierno. Sin embargo, aquellos ciudadanos que rinden culto en las iglesias oficialmente autorizadas fueron con frecuencia sometidos a la vigilancia de las fuerzas de la Seguridad del Estado y continuaron los esfuerzos del gobierno por mantener un fuerte control sobre la religión. Hubo cierta tensión entre las religiones, a menudo porque algunos grupos religiosos percibían que otros estaban demasiado cerca del gobierno. Las tensiones internas del movimiento pentecostal siguieron empeorando debido a que se establecieron casas de culto, paso que algunas iglesias consideraron divisionista.

El gobierno de Estados Unidos plantea a funcionarios del gobierno cubano cuestiones de derechos humanos, inclusive la discriminación y el hostigamiento por motivo de religión; sin embargo, el gobierno cubano ha hecho caso omiso de estas preocupaciones. El gobierno de Estados Unidos insta continuamente a la presión internacional para que el gobierno cubano cese sus prácticas represivas. La Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana sigue manteniendo contacto asiduo con diversos líderes religiosos.

Sección I. Demografía religiosa

La superficie total del país es de 110,860 kilómetros cuadrados, y su población es de aproximadamente 11 millones de habitantes. No existen fuentes de información independientes y confiables sobre el tamaño o la composición de las instituciones religiosas y sus afiliados. Una encuesta de 1953 indicaba que el 93 por ciento de la población se identificaba como católica romana. Según información más reciente del Instituto Puebla, con sede en Estados Unidos, se estima que entre el 40 y 45 por ciento de la población se identifica, por lo menos nominalmente, con la iglesia católica. Un número importante de ciudadanos comparten o han participado en creencias sincréticas afrocaribeñas, como la santería. Algunas fuentes estiman que hasta 70 por ciento de la población practica la santería o la regla Lucumí, ambas con raíces en la religión tradicional de Africa Occidental.

Los bautistas, representados en cuatro convenciones distintas, son posiblemente la denominación protestante más grande, seguidos de cerca por las iglesias pentecostales, en particular las Asambleas de Dios. Veintidós denominaciones, entre ellas los presbiterianos, episcopales y metodistas, son miembros del Consejo Cubano de Iglesias (CCI). Casi todos los miembros del CCI son reconocidos por el Estado aunque varios, entre ellas la Iglesia Evangélica Luterana, no están inscritos y sólo son reconocidos mediante su condición de miembros del CCI. Otras 31 denominaciones oficialmente reconocidas, inclusive miembros de los Testigos de Jehová y una pequeña comunidad judía, no pertenecen al CCI.

Si bien la mayor parte de la población se considera católica romana, históricamente el país ha tenido una sociedad mayormente laica, sin características religiosas particularmente fuertes. Las autoridades de la iglesia católica normalmente estiman que un 10 por ciento de los católicos bautizados asisten a misa regularmente. La cifra de miembros en iglesias protestantes se estima en 500.000. No hay cifras disponibles sobre el número de pentecostales. Los adventistas del Séptimo Día han indicado que sus miembros ascienden a unos 30.000. En años anteriores al 2001 la asistencia a las iglesias había aumentado en algunas denominaciones, y en la iglesia católica aumentó bastante después de la visita del Papa en enero de 1998. Durante por lo menos seis a ocho meses después de la visita del Papa la asistencia a las iglesias alcanzó niveles inusitadamente elevados. Desde esa fecha se ha estabilizado en niveles menores del pico de 1999, pero siguen siendo más altos que antes de la visita.

Actualmente hay unos 320 sacerdotes católicos en el país, 40 diáconos y 650 monjas, menos de la mitad que antes de 1960. Las cifras generales de los funcionarios eclesiásticos son sólo ligeramente superiores a las de antes de la visita papal, ya que la mayoría de los recién llegados reemplazaron a sacerdotes jubilados o a aquellos cuyo período de ministerio en el país había terminado.

Los grupos misioneros extranjeros operan en el país a través de las iglesias inscritas.

Sección II. Estado de la libertad religiosa

Marco legal y político

La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de profesar y practicar cualquier credo religioso dentro del marco del respeto de la ley. Sin embargo, en la ley y la práctica el gobierno impone restricciones a la libertad de religión. La iglesia y el estado han estado separados constitucionalmente desde principios del siglo XX. En 1992, se enmendó la Constitución y se eliminaron las referencias al materialismo científico y al ateísmo. El gobierno no favorece a ninguna religión o iglesia en particular; sin embargo, parece ser más tolerante con aquellas iglesias que mantienen relaciones estrechas con el Estado a través del CCI.

El gobierno exige que las iglesias y otros grupos religiosos se inscriban en el Registro provincial de Asociaciones, del Ministerio de Justicia, para obtener reconocimiento oficial. Los procedimientos de inscripción exigen que los grupos identifiquen donde realizarán sus actividades, demuestren que disponen de fondos suficientes para realizar las mismas y obtengan certificación del Registro de Asociaciones que demuestre que no están duplicando las actividades de algún grupo anteriormente inscrito. Aunque durante el período que abarca este informe no se inscribieron nuevas denominaciones, el gobierno ha tolerado algunas nuevas religiones en la isla, como la Fe Baha'i y una peque?a asamblea de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días (Mormones). Sin embargo, en la práctica, el gobierno parece haber interrumpido la inscripción de nuevas denominaciones; no obstante, durante el período que abarca este informe no se tiene conocimiento de grupos que hayan solicitado inscribirse y hayan sido denegados.

La inscripción permite a los funcionarios eclesiásticos conseguir permiso oficial para viajar al extranjero y recibir a visitantes extranjeros, así como recibir impresos religiosos importados a través del CCI y reunirse en lugares de culto oficialmente reconocidos. Por el contrario, los miembros de los grupos religiosos no inscritos tienen que pedir permisos de salida individuales, conseguir sus materiales religiosos por medios extraoficiales y arriesgar el cierre de sus espacios de reunión que, técnicamente, son ilegales.

Junto con las iglesias reconocidas, la organización humanitaria católica Cáritas, los masones, los grupos de derechos humanos y las diversas fraternidades o entidades profesionales incipientes son las únicas asociaciones que están fuera del control o la influencia del Estado, el Partido Comunista y sus organizaciones de masa. Las autoridades siguieron ignorando las solicitudes de otros grupos para ser reconocidos legalmente y, por lo tanto, sometieron a sus miembros a posibles acusaciones de asociación ilegal, aunque no se registraron acusaciones de este tipo al finalizarse el período que abarca este informe.

El principal contacto del gobierno con las denominaciones religiosas es por medio de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. El ministerio del Interior sigue participando en tareas de control y vigilancia de las instituciones religiosas del país, lo cual incluye la vigilancia, infiltración y hostigamiento de profesionales religiosos y de laicos. En enero, un periodista independiente entrevistó a un antiguo funcionario del ministerio del Interior que informó de la infiltración gubernamental generalizada en las organizaciones civiles y religiosas. El ex funcionario reveló que los grupos religiosos afrocaribeños fueron objeto de una mayor infiltración aun mayor que la de las organizaciones políticas de oposición. Ello se debe a que algunos estimados indican que el 70 por ciento de la población practica estas religiones en alguna de sus formas y, por lo tanto, estos grupos de base suponen una mayor "amenaza" de base al gobierno.

El gobierno ha aliviado las restricciones que pesan sobre la mayoría de las denominaciones religiosas reconocidas oficialmente. Los miembros de Testigos de Jehová, en un tiempo considerados "enemigos activos religiosos de la revolución", tienen permitido hacer proselitismo discreto casa por casa y, por lo general, no son objeto del hostigamiento gubernamental abierto, aunque siguió habiendo informes esporádicos de hostigamiento por parte de funcionarios locales del Partido Comunista y el gobierno. El gobierno ha permitido asambleas pequeñas de Testigos de Jehová y en marzo de 2003 autorizó una reunión enorme de casi 7.000 personas. También ha permitido la apertura de una oficina central en La Habana y la publicación de la revista del grupo y otros impresos religiosos.

Los materiales e impresos religiosos tienen que importarse a través de un grupo religioso inscrito y solo pueden ser distribuidos a grupos religiosos oficialmente reconocidos. El CCI controla la distribución de Biblias a sus miembros y a otras denominaciones oficialmente reconocidas. El CCI informa que ha distribuido 1,5 millones de biblias desde 1998. Las biblias se distribuyen entre las varias denominaciones según la cifra de miembros de cada iglesia. Varias diócesis católicas y grupos laicos publican revistas, entre ellas "Palabra Nueva", de la arquidiócesis de La Habana y "Vitral", de la diócesis de Pinar del Río. Ninguna de estas publicaciones está inscrita en el Ministerio de Cultura, como lo exige la ley. El gobierno no ha impedido la impresión o distribución de revistas católicas; no obstante, el estado impide el acceso a los equipos tipográficos al encarecer los precios o restringir su venta. El gobierno acusó al redactor titular de una revista de exhibir comportamiento subversivo por escribir sobre cuestiones políticas y sociales delicadas.

Desde 1992 el Partido Comunista ha admitido como afiliados a personas que declaran públicamente su fe religiosa.

El gobierno no autoriza la educación religiosa en las escuelas públicas y no permite que haya escuelas privadas de ningún tipo, inclusive escuelas religiosas.

Durante el período que abarca este informe, el gobierno permitió a 9 sacerdotes y 18 monjas extranjeros ingresar en el país para reemplazar a sacerdotes y monjas cuyos permisos de residencia habían vencido. Sin embargo, las solicitudes de otros 60 sacerdotes y 130 monjas siguen pendientes. La Conferencia de Obispos Católicos calcula que algunas solicitudes han estado en trámite durante dos o tres años y con el tiempo algunos nombres se suprimen de la lista. Al final del período que abarca este informe quedaba pendiente un pedido de la Conferencia de Obispos Católicos al gobierno de permitir que se establezcan en el país 15 órdenes católicas, demora que los obispos sostenían limitaba la formación de los seminaristas católicos.

En septiembre de 2003, la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista avisó a Pablo Fuentes, un cura católico de nacionalidad española que se encontraba en la provincial de La Habana, que el gobierno no prolongaría su autorización de permanecer en el país. El padre Fuentes abandonó el país el 30 de septiembre de 2003. A principios de 2003 las autoridades revocaron la autorización que tenía Fuentes de celebrar una procesión en conmemoración de la festividad del santo patrón de la ciudad de Managua, debido a que Fuentes era considerado "poco fiable", debido supuestamente a que sus actividades religiosas eran demasiado visibles y, por lo tanto, el gobierno las consideraba polémicas.

Restricciones a la libertad religiosa

A principios de la década de los sesenta, la ideología marxista leninista del gobierno provocó fuertes enfrentamientos con las iglesias institucionales. Durante ese período muchos líderes eclesiásticos y profesionales religiosos abandonaron el país, temiendo ser perseguidos. Más de 130 trabajadores religiosos católicos, inclusive sacerdotes, fueron expulsados, y algunos de ellos sirvieron prolongadas condenas de prisión. Entre 1965 y 1967 el gobierno obligó a muchos sacerdotes, párrocos y otros "que hacían de la religión una forma de vida" a cumplir trabajos forzosos en campos denominados Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), junto con homosexuales, vagabundos y otros considerados como "lacra social" por el régimen. El sistema UMAP terminó en 1967; sin embargo, en los 30 años siguientes el gobierno y el Partido Comunista discriminaron sistemáticamente y marginaron a las personas que profesaban abiertamente su fe, al excluirlas de ciertos empleos, como la enseñanza. Aunque a principios de la década de los noventa el gobierno desistió de su ateísmo oficial, la mayoría de las iglesias habían quedado gravemente debilitadas y la participación activa en los servicios religiosos había disminuido drásticamente.

Un manual de 2002 del Ministerio de las Fuerzas Armadas sobre adoctrinamiento político describe la iglesia católica como "instrumento decisivo en la defensa de los regímenes coloniales y neocoloniales que gobernaron nuestro país hasta 1959 [año de la revolución]. Este hecho histórico es lo que ocasionó las condiciones del sentimiento anticlerical en sectores amplios de nuestra sociedad". El mismo documento declara que la iglesia católica está resignada al "triunfo de la Revolución" y centra ahora su atención en utilizar su labor pastoral y ayuda humanitaria para lograr nuevos adeptos.

En febrero de 2003, el arzobispo de La Habana emitió una carta pastoral en la que lamentaba la disolución de las familias cubanas y las presiones exorbitantes por emigrar, y pidió al gobierno que hiciera el cambio de "políticas de venganza" a "políticas de compasión".

En marzo de 2003 la Conferencia Cubana de Obispos Católicos publicó una carta abierta en la revista italiana '30 Giorni" en la que criticó a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista cubano por ejercer un control estricto sobre las actividades de la iglesia católica, en especial las restricciones de educación religiosa y acceso de la Iglesia a los medios de comunicación de masas. En septiembre de 2003, la Conferencia de Obispos Católicos emitió un documento en el que acusó al gobierno de imponer restricciones más fuertes sobre la iglesia y la sociedad desde la visita del Papa Juan Pablo II y pidió al gobierno que mostrara clemencia con los prisioneros políticos.

Funcionarios del gobierno criticaron a la iglesia católica por negarse a inscribir las publicaciones religiosas y de grupos laicos en el ministerio de Cultura, como lo exige la ley. La Conferencia Cubana de Obispos Católicos indicó que la Iglesia se niega a inscribirse porque ello le obligaría a ceder control al Estado del contenido y formato de sus publicaciones.

La ley permite la construcción de nuevos templos una vez obtenidos los permisos necesarios. Sin embargo, el gobierno rara vez ha autorizado los permisos de construcción, lo que obliga a muchas iglesias a solicitar permisos para reunirse en domicilios particulares. La mayoría de los grupos religiosos inscritos reciben permiso para rendir culto en domicilios particulares. Si desean reedificar y reparar los templos existentes requieren también un permiso. El trámite para obtener un permiso y comprar los materiales de construcción de los centros del gobierno es un proceso lento y oneroso. En enero de 2004 el patriarca ecuménico ortodoxo Bartholomew y Fidel Castro presidieron la consagración en La Habana de una iglesia de la pequeña comunidad griega ortodoxa, acontecimiento que los medios informativos gubernamentales tildaron de indicio de la tolerancia religiosa del gobierno. Un sitio electrónico Web del gobierno utilizó un informe noticioso sobre la visita del Patriarca Bartholomew como "prueba" de que la crítica de Amnistía Internacional sobre restricciones religiosas era una "mentira".

En 2001 la agencia noticiosa italiana ANSA informó que los dirigentes provinciales del Partido Comunista les habían pedido a las autoridades que limitaran las tareas caritativas y donativos de los grupos religiosos. Por lo visto, los funcionarios del partido consideraban que las iglesias, en especial la iglesia católica, habían logrado el apoyo de la comunidad por medio de esas actividades, lo que amenazaba el mandato continuo del Partido Comunista. Luego de la publicación del artículo, los dirigentes del Partido Comunista de La Habana supuestamente pidieron disculpas a la jerarquía de la iglesia católica.

Luego del reclamo en 2000 por parte los pentecostales en relación a los misioneros extranjeros no autorizados (ver Sección III), el CCI ha seguido pidiendo que las organizaciones eclesiásticas extranjeras los ayuden a controlar los misioneros extranjeros y les prohíban de establecer iglesias pentecostales no autorizadas. En mayo de 2004, Reineiro Arce, el influyente ex presidente del CCI, declaró que hasta 70 grupos religiosos extranjeros se habían establecido en el país en años recientes para "aprovechar la difícil situación económica y dar a sus párrocos hasta 100 dólares por mes". Afirmó que estos grupos nuevos son parte de una estrategia del gobierno de Estados Unidos de socavar el gobierno cubano y que los grupos no son iglesias sino "sectas y grupos que vienen a destruir la labor de la iglesia".

Los funcionarios religiosos tienen permiso para visitar a los presos, sin embargo los funcionarios de las cárceles a veces niegan visitas a ciertos presos políticos. En septiembre de 2003, los agentes de la prisión Kilo 8 en la provincia de Camagüey amenazaron con suspender las visitas familiares a nueve presos políticos que se leían la Biblia en voz alta. Para que pueda haber una visita religiosa el prisionero tiene que presentar una petición por escrito, que debe ser aprobada por el director de la cárcel. Algunos prisioneros informaron que los funcionarios de la prisión ignoraron peticiones escritas reiteradas para visitas religiosas. En las celdas de castigo los presos tienen prohibido materiales de lectura, inclusive biblias.

El gobierno siguió aplicando una norma que le impide a toda empresa cubana o conjunta, excepto las que tienen autorización específica, vender computadoras, máquinas de facsímil, fotocopiadoras u otros equipos a cualquier iglesia a precios al por menor que no sean los oficiales, que son exorbitantes. Además, el gobierno niega el acceso a la internet a ciertos grupos religiosos, entre ellos la iglesia católica, que considera poco fiable. El gobierno controla la internet y cualquier grupo que desee acceso legal está sujeto a los controles del mismo. Durante los últimos cinco años la iglesia católica ha pedido al gobierno permiso para acceder a la internet; no obstante, siempre se le ha negado el permiso.

Los miembros de las fuerzas armadas no asisten a ceremonias religiosas con uniforme, seguramente para evitar posibles reprimendas de sus superiores.

La enseñanza es laica y no se permiten centros educativos religiosos. Tampoco está permitida la enseñanza religiosa en escuelas públicas. Anteriormente, alumnos y maestros infamaban a estudiantes que manifestaban su creencia religiosa, y eran castigados por llevar crucifijos o traer biblias y otros materiales religiosos a la escuela. En algunos casos, a estos estudiantes se les prohibía asistir a instituciones de educación superior o estudiar ciertas especialidades; sin embargo, desde hace poco, se les permite a estudiantes que manifiestan su fe religiosa asistir a instituciones de educación superior.

Las iglesias ofrecen clases de enseñanza religiosa a sus feligreses. Los funcionarios de la iglesia católica informan que la cantidad de niños que asisten a clase de catequesis sigue disminuyendo, en su mayor parte debido a otras actividades que normalmente programan las autoridades escolares locales. No hubo ningún informe de padres de familia que fueron impedidos en enseñar religión a sus hijos.

Hay funcionarios eclesiásticos que conocen casos en que las personas religiosas han padecido discriminación, debido a la ignorancia o a prejuicios personales por parte de un funcionario local. Las personas religiosas tienen problemas a la hora de encontrar empleo en ciertas profesiones, como por ejemplo en la enseñanza.

A los grupos religiosos se les exige presentar una solicitud pidiendo permiso al dirigente local del Partido Comunista antes de realizar procesiones o actos fuera de los edificios religiosos. En julio de 2003, funcionarios del Partido Comunista en la ciudad de Habana Oriental prohibieron una procesión por motivo de la festividad de la Virgen del Carmen porque el cura de la parroquia era amigo de Oswaldo Paya, dirigente del Movimiento de Liberación Cristiana. Funcionarios del Partido Comunista dijeron al cura que debía informar a su congregación que el gobierno había suprimido la procesión precisamente por su amistad con Paya.

En septiembre de 2003, por sexto año consecutivo, el gobierno permitió una procesión vinculada a las misas en honor de la festividad de Nuestra Señora de la Caridad, en La Habana. Una serie de activistas religiosos y de otro tipo participaron en la procesión. Las autoridades permitieron 50 procesiones en total por todo país por motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Caridad, aunque negó permiso a 14 otras procesiones debido a que éstas últimas se hacían oir política y socialmente y, por lo tanto, no seguían los lineamientos de la política del gobierno.

Hubo otras procesiones vecinales pequeñas en provincias durante el período que abarca este informe. Por ejemplo, el gobierno permitió un procesión en mayo del 2004 en la ciudad de Managua, a donde acudieron cientos de participantes.

Abusos de la libertad religiosa

El gobierno vigila a todos los grupos religiosos, inclusive las instituciones inscritas y ya establecidas. Las autoridades también vigilan las publicaciones que administra la iglesia. Continuó el hostigamiento gubernamental de las casas de culto particulares, y las denominaciones evangélicas denunciaron desalojos de casas usadas con ese propósito. Según los funcionarios del CCI, la mayor parte de las casas particulares de culto clausuradas no estaban inscritas por lo tanto, técnicamente, eran ilegales.

El ministerio del Interior sigue realizando actividades de control y supervisión de las actividades religiosas y emplea vigilancias, infiltraciones y hostigamiento contra grupos y profesionales religiosos y laicos. Continuaron registrándose informes esporádicos sobre el acoso por parte de funcionarios del Partido Comunista y el gobierno contra Testigos de Jehová. No obstante, las autoridades eclesiásticas señalaron que la cifra de incidentes disminuyó.

Funcionarios de seguridad del estado prestaron visitas a algunos sacerdotes y párrocos previo a actos religiosos importantes, supuestamente para advertirles que los disidentes intentaban "utilizar a la Iglesia". Sin embargo, algunos críticos afirmaron que estas visitas se realizaban con el objeto de fomentar la desconfianza entre las iglesias y los activistas de derechos humanos o en pro de la democracia. Durante el período que abarca este informe, agentes de seguridad del Estado advirtieron a las esposas de varios prisioneros políticos que serían detenidas si asistían a misa en la iglesia católica de Santa Rita en La Habana junto con otras esposas de prisioneros políticos. Según se informa, funcionarios del ministerio del Interior se sentaron cerca de las esposas de prisioneros políticos durante la misa con el fin de intimidarlas. Algunas de las mujeres siguieron yendo a misa juntas cada semana, pero comentaron que temían represalias del gobierno contra sus maridos encarcelados o contra sí mismas. En muchas iglesias, sobre todo en la iglesia de Santa Rita, la Conferencia de Obispos Católicos calcula que el número de agentes de seguridad del Estado que asisten a misa para intimidar a las esposas de los prisioneros políticos ha ido en aumento. También ha habido informes de funcionarios de prisión que cambian las fechas y horas en que las esposas pueden llamar por teléfono a sus maridos los domingos por la mañana, obligando de ese modo a las esposas a tener que elegir entre hablar con sus esposos o ir a misa.

En junio de 2004 el gobierno le prohibió a la iglesia católica La Pastora, en Santa Clara, distribuir medicamentos y jabón donados. Funcionarios del gobierno advirtieron a la iglesia que ese tipo de actividades estaban prohibidas puesto que daban lugar a reuniones públicas ilegales.

En el 2000, uno de los directores principales de una revista de la iglesia católica fue calificado como "conocido contrarrevolucionario" en un editorial importante del periódico del Partido Comunista. En abril de 2003, durante los juicios sumarios de 75 prisioneros políticos detenidos en marzo de ese mismo año, el gobierno calificó a la misma revista de "literatura subversiva".

No hubo informes de religiosos presos o detenidos.

Conversión religiosa obligatoria

No hubo informes acerca de conversiones religiosas obligatorias, inclusive de ciudadanos estadounidenses menores de edad secuestrados o sacados ilegalmente de Estados Unidos, ni informes acerca de que el gobierno rehusara permiso a dichos ciudadanos de regresar a Estados Unidos.

Abusos por parte de organizaciones terroristas

No hubo informes sobre abusos contra religiones determinadas por parte de organizaciones terroristas durante el período que abarca este informe.

Sección III. Posturas sociales

Por lo general, las personas que se reconocen religiosas se definen como católicas romanas, aunque pocas asisten habitualmente a misa. El catolicismo sigue siendo un referente cultural importante desde la época colonial. Tras 40 años del régimen vigente las posturas sociales, incluido el modo de concebir la religión, se ven fuertemente condicionadas por la postura de Fidel Castro y otros dirigentes del gobierno y del partido en el poder. La decisión del gobierno de permitir e incluso ofrecer cierto apoyo a la visita papal de 1998 realzó considerablemente la percepción pública de que manifestar la fe religiosa era de nuevo una postura aceptable. Fidel Castro afianzó aun más este punto de vista, sobre todo entre los partidarios del Partido Comunista y funcionarios de gobierno, al afirmar de modo insincero en discursos televisados y transmitidos por radio que la revolución cubana "nunca" había acosado a creyentes religiosos.

Hubo cierta tensión entre las religiones, a menudo porque algunos grupos religiosos percibían que otros se arrimaban demasiado al gobierno. Las tensiones internas del movimiento Pentecostal empeoraron debido a que se establecieron casas de culto particulares, medida que algunas iglesias consideraron divisoria, y que resultó en medidas gubernamentales contra los fieles pentecostales. Además, los miembros pentecostales del CCI se han quejado de que las actividades de predicación de los misioneros extranjeros no autorizados han motivado a algunos miembros de sus iglesias a establecer denominaciones nuevas sin los permisos necesarios. (véase la Sección II).

El CCI es el único cuerpo ecuménico reconocido por el gobierno. Consta de varias denominaciones protestantes, incluida la pentecostal, y participa en diálogos con la iglesia católica y la comunidad judía. El CCI y el gobierno por lo general mantienen una relación de apoyo mutuo.

Sección IV. Política del gobierno de Estados Unidos

La política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba consiste en alentar una transición rápida y pacífica a la democracia y el respeto a los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa. El gobierno de Estados Unidos fomenta también el desarrollo de la sociedad civil, lo que incluye el fortalecimiento de las instituciones religiosas. La Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana mantiene contacto regular con los diferentes líderes y comunidades religiosas del país, y apoya las iniciativas de ayuda de organizaciones no gubernamentales a favor de grupos religiosos. El gobierno de Estados Unidos procura periódicamente facilitar los viajes de personas religiosas al país y del mismo y el reparto de bienes y materiales donados que a veces se entregan a las instituciones religiosas. La Sección de Intereses de Estados Unidos ha planteado ante funcionarios del gobierno cuestiones relativas a los derechos humanos, entre ellas la discriminación y el hostigamiento religiosos; sin embargo, el gobierno cubano ha desestimado estas preocupaciones. La Sección de Intereses informa sobre casos de discriminación y hostigamiento por motivo de religión y el gobierno de Estados Unidos sigue instando presión internacional a que el gobierno cubano cese sus prácticas represivas.

15 de septiembre de 2004

(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://usinfo.state.gov)