Estado de los derechos humanos

Intervención de Mons. Giovanni Lajolo, secretario de las relaciones de la Santa Sede con los Estados, en la sesión del Consejo para los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. Martes, 20 de junio de 2006.

El nuevo Consejo de derechos humanos constituye una etapa del importante combate librado para poner al hombre en el centro de toda la actividad política, nacional e internacional. Hemos llegado a un momento clave: las normas internacionales de los derechos humanos, que ya reconocen los elementos esenciales de la dignidad del hombre, así como cada uno de los derechos fundamentales que derivan de ella, se orientan ahora a la creación de procedimientos que lleven a garantizar el goce efectivo de esos derechos.

La Santa Sede desea contribuir al debate actual, según su naturaleza y sus perspectivas específicas, siempre con vistas a ofrecer una reflexión esencialmente ética, que ayude a las decisiones de orden político que se han de tomar aquí.

En el derecho y en la conciencia moral de la comunidad internacional actual, la dignidad del hombre se manifiesta como la semilla de donde nacen todos los derechos, y sustituye la voluntad soberana y autónoma de los Estados como fundamento último de todo sistema jurídico, incluido el sistema jurídico internacional. Se trata de un desarrollo irreversible, pero, al mismo tiempo, es fácil constatar que en numerosos países la realización de este principio supremo no ha ido acompañado de un respeto efectivo de los derechos humanos.

Una visión preocupante

Al contrario, una visión panorámica del mundo nos muestra que la situación de los derechos humanos es preocupante. Si se considera el conjunto de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Tratados internacionales concernientes a los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos, así como otros instrumentos, no existe ninguno que no se viole gravemente en numerosos países, por desgracia también en algunos miembros del nuevo Consejo.

Además, existen gobiernos que siguen pensando que es el poder el que determina, en última instancia, el contenido de los derechos humanos y, en consecuencia, se creen autorizados a recurrir a prácticas aberrantes. Imponer el control de los nacimientos, negar en ciertas circunstancias el derecho a la vida, pretender controlar la conciencia de los ciudadanos y el acceso a la información, negar el acceso a un proceso judicial público y al derecho de garantizar su defensa, reprimir a los disidentes políticos, limitar indistintamente la inmigración, permitir trabajar en condiciones degradantes, aceptar la discriminación de la mujer, limitar el derecho de asociación; estos son solamente algunos ejemplos de los derechos menos respetados.

Importancia del nuevo Consejo

El nuevo Consejo de derechos humanos está llamado a colmar la brecha entre el conjunto de enunciados del sistema de convenciones de derechos humanos y la realidad de su aplicación en las diferentes partes del mundo. Todos los Estados miembros de este Consejo deberían asumir individual y colectivamente la responsabilidad de su defensa y de su promoción.

Al mismo tiempo, la articulación jerárquica entre los organismos más importantes de las Naciones Unidas manifiesta claramente el deseo de la Organización de renovar su credibilidad a los ojos de la opinión pública mundial. En efecto, el Consejo puede y debe ser el instrumento que oriente todas las políticas internacionales y nacionales hacia lo que, según el deseo de un Papa que apoyó siempre la gran causa de las Naciones Unidas, es su razón de ser: “el servicio al hombre, la asunción, llena de solicitud y responsabilidad, de los problemas y tareas esenciales de su existencia terrena, en su dimensión y alcance social, de la cual depende a la vez el bien de cada persona” (cf. Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea General de Naciones Unidas, 2 de octubre de 1979, n. 6: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 14 de octubre de 1979, p. 2).

Derecho a la vida, a la libertad de conciencia y de religión

Señor presidente, si el principio del valor inalienable de la persona humana es, como creemos, la fuente de todos los derechos humanos y de todo orden social, permítame señalar dos corolarios esenciales:

El primero es la afirmación del derecho a la vida desde el primer momento de la existencia humana, es decir, desde la concepción hasta su fin natural: el hombre y la mujer son personas por el mero hecho de que existen, y no por su mayor o menor capacidad de expresarse, de entrar en relación o de hacer valer sus derechos. Ningún gobierno, ningún grupo o ninguna persona pueden arrogarse jamás el derecho de decidir sobre la vida de un ser humano como si no fuera una persona, a no ser que se la rebaje a la condición de objeto para servir a otros fines, aunque sean grandes y nobles.

El segundo corolario concierne a los derechos a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, puesto que el ser humano tiene una dimensión interior y trascendente, que es parte integrante de su mismo ser. Negar esta dimensión significa atentar gravemente contra la dignidad humana; esto equivale a negar la libertad del espíritu; más aún, significa atentar contra la misma existencia humana, puesto que transforma al hombre en un simple engranaje de un proyecto de organización social.

Solamente gracias a la libertad de conciencia el hombre es capaz de reconocerse a sí mismo y de reconocer a su prójimo en su dimensión trascendente, transformándose así en un elemento vivo de la vida social. Por otra parte, la libertad religiosa, en sus dimensiones personal y comunitaria, privada y pública, permite al hombre vivir la relación más importante de su vida, la relación con Dios, de manera pura y sin falsas apariencias, que son indignas de él y más aún indignas de Dios.

Este es el espacio íntimo y fundamental de la libertad que las autoridades del Estado deben salvaguardar y no despreciar, respetar y no violar. En este campo, toda violación mediante la fuerza es una violación del ámbito reservado a Dios.

La libertad religiosa, bien entendida, como cualquier otra libertad debe insertarse armoniosamente en el contexto de todas las libertades humanas. No puede transformarse en arbitraria: también ella debe desarrollarse de manera armoniosa, respetando con esmero la libertad religiosa de los demás, en el marco de las leyes que valen para todos. En este clima general de libertad responsable el Estado debe ser al mismo tiempo promotor y garante. Ningún país, cualesquiera que sean las circunstancias y su grado de desarrollo económico, puede sustraerse a la obligación estricta de respetar todos los derechos humanos. Estos últimos no pueden ser más amplios en algunas culturas que en otras, puesto que no existe un país en el que los hombres y las mujeres tengan un grado de dignidad humana inferior al de los hombres y las mujeres de otro país.

La Santa Sede hace un llamamiento a todos los países llamados a formar parte por primera vez del Consejo de derechos humanos. En primer lugar, espera de ellos una actitud ejemplar, que se concrete en un examen sincero y profundo de los límites injustamente impuestos a los derechos humanos —ante todo dentro de su propio territorio—; también espera que se esfuercen por restablecer esos derechos en su integridad, siguiendo las orientaciones imparciales de la comunidad internacional.

Los países ricos deben comprender que el goce de los derechos humanos por parte de todos los habitantes de un país, incluidos los inmigrantes, no se opone a la conservación y al aumento del bienestar general ni a la preservación de los valores culturales. Los países en vías de desarrollo deben comprender que los procesos de desarrollo económico y la promoción de la justicia y la igualdad social serían mucho más eficaces y rápidos si se reconocieran plenamente los derechos humanos en lugar de no respetarlos por motivos utilitaristas. La Santa Sede cree en el hombre. La fe y la confianza en cada hombre, en cada mujer, jamás defraudará.

La respuesta que el Consejo de Derechos Humanos dé a los desafíos de libertad en numerosos países del mundo, comenzando por los mismos miembros del Consejo, depende la credibilidad de las Naciones Unidas y de todo el sistema jurídico internacional. La Santa Sede seguirá con atención y aprecio su trabajo.
Desde su posición de Observadora en las Naciones Unidas, la Santa Sede está dispuesta a ofrecer su total colaboración para que la acción del Consejo de derechos humanos permita que se respete efectivamente la dignidad de todo hombre y de toda mujer.